Ayer 16 de noviembre se celebró una reunión de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP) con el Director General del Servicio Público de Empleo Estatal. La delegación de APEP encabezada por su presidente, Ricard Martínez, e integrada por dos miembros de su Junta, Félix Haro Castillo y Luis Salvador Montero, puso de manifiesto su preocupación e inquietud ante los escasos avances obtenidos en esta materia. En tal sentido, sin poner en duda el interés de las autoridades en verificar y sancionar prácticas ilícitas, se trasladó a la Dirección General la percepción de que este tipo de práctica, que en el mejor de los casos puede calificarse de picaresca, no ha hecho sino crecer.
Como en reiteradas ocasiones ha señalado APEP, el llamado Coste 0 consiste esencialmente en un desvío directo o encubierto de fondos de formación que acaban financiando servicios de consultoría. El mecanismo utilizado habitualmente consiste en desarrollar tareas de asesoramiento e implantación de procedimientos para el cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, que se facturan como formación bonificada con cargo a los fondos que gestiona la Fundación Tripartita o que simplemente se ofrece “regalar”.
Puesto que los ingresos que cabe obtener son únicamente los procedentes de la subvención pública, el único modo de rentabilizarlos por el oferente, la empresa que “regala” la LOPD, consiste en ofrecer servicios, cuando menos, muy superficiales, vulnerando los principios de la más elemental ética profesional. APEP ha publicado por ello un conjunto de
recomendaciones que permiten identificar un asesoramiento adecuado.
En ausencia de una auditoria rigurosa, la primera consecuencia de este tipo de actuaciones, es que se ofrece un asesoramiento de baja calidad en el que no deberían confiar las empresas ya que incurren en riesgos y sanciones. Pero además, y como reiteradamente ha señalado APEP, se trata de la aplicación de una norma cuyo objetivo es proteger los derechos fundamentales. Un inadecuado cumplimiento de la LOPD desprotege a todos aquellos ciudadanos que se relacionan con estas empresas (clientes, pero también trabajadores y otros colectivos afectados).
APEP como organización tiene el ineludible deber de alertar a la sociedad sobre el hecho de que se está arruinando a un sector emergente llamado a ser estratégico en la sociedad de la información. Y para ello, en tiempo de una grave crisis económica y social, se emplean fondos públicos, inicialmente destinados a formación, para bonificar tareas de consultoría. Cómo se ha puesto de manifiesto en la reunión, corresponde a la autoridades investigar, calificar y en su caso sancionar estas actividades, lo que no es óbice para alertar sobre un uso de fondos de formación contrario a la filosofía de los mismos.
APEP, por segunda vez en el mes de septiembre de este mismo año, puso estos hechos en conocimiento de la Fundación Tripartita, y hoy nuevamente ante el SEPE ofreciendo su colaboración en la verificación del cumplimiento de los requisitos de competencia de las empresas que ofrecen estos servicios, en el marco de una línea de trabajo que se planteará ante otras autoridades.
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